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San Lorenzo atraviesa una crisis profunda, tanto deportiva como financiera, que refleja la gravedad de su situación actual. A la dificultad de una zona intransitable debido a la rotura de un caño cloacal frente al estadio y las intensas lluvias del domingo, se suma la derrota frente a Boca, que evidenció las limitaciones de un plantel armado casi en su totalidad con jugadores libres y con una inversión mínima, como fue el caso de Danilo Arboleda. El equipo, puesto a cargo de Rubén Darío Insua tras el despido de Néstor Gorosito después de ocho partidos, no logró mostrar mejoría ni en la estrategia técnica ni en resultados, acumulando varios clásicos sin victoria y con apenas un triunfo desde marzo del año pasado.
Más allá del rendimiento en el campo, la situación económica del club es aún más preocupante. Con un pasivo que asciende a 67 millones de dólares, la posibilidad de iniciar una convocatoria de acreedores se analiza con seriedad dentro de la Comisión Directiva liderada por Marcelo Culotta, aunque esta opción genera divisiones en la masa azulgrana.
Las cifras descuadran por donde se las mire. Por ejemplo, en el último partido frente a Boca se recaudaron 51.475.000 pesos a través del bono contribución voluntario de 3.959 socios, suma insuficiente para cubrir los 160 millones de pesos adeudados por cuatro operativos policiales pendientes desde la gestión de Sergio Costantino.
Durante la campaña, Culotta se mostró reticente a recurrir al concurso preventivo, señalando: “Sabemos que la convocatoria de acreedores puede ser una herramienta a utilizar en algún momento. Inicialmente, no vamos a utilizarla. Es un tema muy sensible y no queremos perder autonomía ni recibir imposiciones externas. Hay formas de verificar la deuda con honestidad, transparencia y comunicación”.
Sin embargo, el club enfrenta demandas judiciales que ponen en riesgo incluso su sede sobre Avenida La Plata —como el reclamo de 4,4 millones de dólares de Ignacio Piatti—, embargos, inhibiciones y hasta un reclamo del equipo de futsal femenino por premios adeudados en 2025-2026 y problemas con el equipamiento deportivo, lo que incrementa la presión interna.
Hace un mes, tras el partido con Unión en el Nuevo Gasómetro, Culotta mantuvo una reunión de tres horas con Manuel Agote, su opositor en las elecciones del 30 de mayo por Movete Boedo Movete, que quedó en cuarto lugar. Lo acompañaron el vicepresidente Juan Manuel Campos, el secretario Juan Castagna y el tesorero Maximiliano Ferreira. También participó Sebastián Pareja, referente de Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y líder del espacio opositor. Agote, impulsor de la convocatoria de acreedores durante la campaña, ofreció una hoja de ruta y apoyos políticos, mientras Culotta manifestó como único temor una posible reacción negativa de la AFA. Pareja se comprometió a actuar como intermediario político.
Esa misma semana, Culotta tuvo un encuentro con Claudio Tapia, presidente de la AFA, acompañado por los mismos dirigentes. “Tuvimos una gran reunión”, declaró Culotta en la última reunión de Comisión Directiva, dando indicios de contar con el respaldo de “Chiqui” Tapia para avanzar en esta compleja negociación.
La polémica que genera esta iniciativa quedó manifiesta en la aparición de pasacalles en la esquina de San Juan y Boedo que proclamaban: “No a la convocatoria. Este es el verdadero vaciamiento. Pacto espurio para robarse el club”. Asimismo, en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain aparecieron pancartas con imágenes de ex presidentes como Matías Lammens, Marcelo Tinelli, Horacio Arreceygor, Marcelo Moretti y Sergio Costantino bajo la leyenda “Fundieron San Lorenzo”.
Para concretar una convocatoria de acreedores, Culotta requiere la aprobación de la Asamblea, compuesta por 90 representantes electos en 2023, cuando asumió Moretti. Sin embargo, la mayoría no está a su favor, por lo cual es necesario alcanzar acuerdos, aunque existen resistencias manifiestas.
César Francis, vocal por la minoría, expresó en La Oral Deportiva (Radio Rivadavia): “El único camino para reconstruir es separar la deuda legítima de la ilegítima, no reconocer aquellos pasivos que no deban pagarse. De esta forma se reduciría el pasivo nominal en un porcentaje altísimo, algo que no se ha hecho hasta ahora. En esta coyuntura, el concurso de acreedores es una irresponsabilidad absoluta”.
Entre las preocupaciones de sectores internos también se encuentra el reclamo del ex vicepresidente Néstor Navarro, quien exige cuatro mutuos por un total de 2.418.793,50 dólares, y cuya mediación judicial ya fue iniciada. Una convocatoria de acreedores igualaría la posición de todos los acreedores en el proceso.
Finalmente, existe un costo político significativo: la convocatoria implica someterse al control judicial, lo que restringe la autonomía de los dirigentes. En un contexto de deuda impagable y decisiones institucionales cuestionables, la dirigencia se encuentra en un dilema sin una solución clara ni consenso sobre el camino a seguir para sanear la situación del club.
