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El gobierno de Colombia desató una violenta represión contras las movilizaciones que ya dejó decenas de muertos mientras se amontonan las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia le ordenó este viernes al gobierno de Iván Duque que respete las protestas pacíficas como paso necesario para lograr un “Estado social de derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana”, justo en el día en que se cumple un mes del paro nacional y de las masivas marchas antigubernamentales.
Los conceptos están contenidos en una respuesta que la corte dio a varios recursos que pedían declarar al presidente Duque y al Ministerio de Defensa en desacato por una tutela de 2020 que les ordenó pedir disculpas por la violencia sistemática con la que la Policía enfrenta las manifestaciones.
La Corte remitió esos desacatos al Tribunal de Bogotá, pero usó la oportunidad para advertir al Gobierno y pedir pruebas adicionales sobre el cumplimiento del fallo, reportó el sitio del diario El Observador.
“La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana”, señala el texto de la Corte.
La sentencia, de septiembre de 2020, declaraba, por ejemplo, que el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía, “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”.
Cuestionaba también la falta de neutralidad del Gobierno y los allanamientos estigmatizantes a los hogares de personas que se estaban manifestando y ordenaba regular el uso de la fuerza de los uniformados y que el ministro de Defensa pidiera perdón por los excesos.
Como existe una percepción en las organizaciones civiles de que el Estado no cumplió su parte, varios de los demandantes volvieron a la Corte para que declarara que las instituciones demandadas estaban en desacato.
La Sala Civil respondió que le tocaba al Tribunal Superior de Bogotá atender ese reclamo, pero igual le pidió a la cartera de Defensa que presente una descripción del procedimiento y la metodología seguida para esclarecer los episodios de uso excesivo de la fuerza; y evidencias de que se reunió con los entes de control, organizaciones de derechos humanos y víctimas para discutir la reestructuración de la respuesta policial a las protestas, uno de los puntos clave del fallo de 2020.
Le ordenó además al Gobierno que informe cuáles fueron los criterios para invitar a las víctimas y asociaciones que tomaron parte de esas reuniones y qué proceso siguió para escuchar a las víctimas de abuso policial en las manifestaciones de 2019, 2020 y 2021.
