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La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo de salud destinado a unificar criterios médicos que sirvan como orientación para decidir sobre la procedencia de la prisión domiciliaria de personas que se encuentran detenidas en establecimientos penitenciarios.
La resolución fue adoptada por los tres jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mediante la acordada 21/2026 del pasado viernes. El Cuerpo Médico Forense cuenta con un plazo de 30 días para presentar el protocolo ante la Corte, que posteriormente evaluará su aprobación.
La medida aplica a todo tipo de personas privadas de libertad, sin distinción de delito, edad o estado procesal, según informaron fuentes judiciales a Clarín. En materia de salud y detención, existen reclamos recurrentes, especialmente por parte de represores de la última dictadura militar, quienes argumentan estar alojados en cárceles comunes pese a padecer problemas de salud.
Según la última estadística de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, correspondiente a junio pasado, de las 519 personas detenidas por causas de lesa humanidad, 440 cumplen prisión domiciliaria, mientras que 79 permanecen en unidades penitenciarias.
La Corte Suprema expresó que este abordaje sistemático permitirá estandarizar el trabajo de los auxiliares de justicia especializados en ciencias médicas y aportará un análisis particularizado de cada caso en función de las prestaciones e infraestructura disponibles.
Los jueces recordaron que la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser «sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas», y que la legislación prevé la prisión domiciliaria en determinados casos, entre ellos por razones de salud.
«La alternativa de la prisión domiciliaria está orientada a garantizar la vigencia de principios humanitarios en la ejecución de las penas privativas de libertad —que también se proyecta a las detenciones cautelares— y a la tutela efectiva de los derechos constitucionales a la vida, a la integridad y a la salud de las personas privadas de libertad», señalaron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
De acuerdo con la última estadística nacional del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31 de diciembre de 2024 había en Argentina 12.643 personas con prisión domiciliaria o bajo monitoreo electrónico, representando menos del 10% del total de detenidos, ya que para esa fecha se registraban 133.585 personas alojadas en unidades penitenciarias o dependencias policiales y de fuerzas de seguridad.
El máximo tribunal destacó que, debido a que la salud no es especialidad de los jueces, estos deben basar sus decisiones en asesoramientos médicos, por lo que resulta necesario sistematizar los criterios científicos para su análisis.
En consecuencia, dispuso la creación del “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, con el objetivo de organizar y uniformar la constatación de aspectos médicos y penitenciarios exigidos por la ley, sirviendo como guía para decidir sobre la procedencia de la prisión domiciliaria.
Asimismo, los jueces subrayaron que se busca brindar a los magistrados herramientas que les permitan contar con mejores elementos para emitir su juicio al momento de decidir sobre la prisión domiciliaria por razones de salud.
El protocolo deberá incluir, en la mayor medida posible, exámenes e informes médicos para constatar el estado de salud de los internos y evaluar en cada caso las condiciones concretas de detención, así como la viabilidad de realizar el tratamiento indicado dentro del establecimiento penitenciario.
Finalmente, el máximo tribunal señaló que, para verificar que las condiciones de detención sean compatibles con las necesarias para la recuperación o el adecuado tratamiento según las conclusiones médicas de cada caso, se deberá protocolizar la información proporcionada por las autoridades penitenciarias responsables del interno.
